El director general de la OIEA, Rafael Grossi, solicitó a los Gobiernos de Ucrania y de Rusia que regularan las acciones bélicas con el propósito de evitar un accidente nuclear.

El Gobierno de Rusia notificó al Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) todo lo relacionado con la situación que vive la central nuclear de Kursk, tras los consecutivos ataques de las fuerzas ucranianas contra este territorio fronterizo de la nación eslava.

“El 8 de agosto se descubrieron fragmentos y restos en la estación, presumiblemente fragmentos de misiles caídos, incluso en la zona del complejo de procesamiento de desechos radiactivos”, detalló la misión rusa en Viena, capital de Austria, en su canal de Telegram.

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“Hechos de bombardeos directos contra la ciudad de Kurchatov, la central nuclear y la central eléctrica. Aún no se han registrado las infraestructuras, pero la situación sigue siendo tensa”, añade el comunicado.

Con anterioridad, el director general de la OIEA, Rafael Grossi, solicitó a los Gobiernos de Ucrania y de Rusia que regularan las acciones bélicas con el propósito de evitar un accidente nuclear.

«Me gustaría pedir a todas las partes que actúen con la máxima moderación para evitar accidentes en una instalación nuclear que podrían tener consecuencias radiológicas graves», subrayó Grossi.

Por su parte, el Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia declaró al territorio de Kursk en estado de emergencia federal debido a los ataques ucranianos en el territorio.

Respuesta inmediata vs. amenaza nuclear

Debido al aumento de las acciones bélicas por parte de Ucrania en dicho territorio fronterizo de Rusia, se decidió interferir con un régimen CTO (conjunto de medidas con el uso de tropas, equipos y armas para prevenir ataques terroristas y neutralizar a los terroristas).

Tras la introducción de este régimen, se llevarán a cabo un serie de medidas que comprenden el reasentamiento temporal de ciudadanos que viven en el territorio donde se ha introducido el régimen CTO, fortalecimiento de la protección del orden público, aumento de la seguridad de las instalaciones sujetas a protección estatal y de las instalaciones que garantizan los medios de vida de la población y el funcionamiento del transporte.

Y a ello se le añaden el control de conversaciones telefónicas y otra información transmitida a través de sistemas de telecomunicaciones, la suspensión de la prestación de servicios de comunicación a personas jurídicas y naturales o restricción del uso de redes y medios de comunicación.

Así como la restricción de la circulación de vehículos y peatones en calles, carreteras, determinadas zonas y objetos y la penetración sin obstáculos de personas que realizan CTO en locales residenciales y de otro tipo y terrenos.

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